PACTO DE TOLEDO: A LOS 25 AÑOS DE ENREDO Y FRACASO

Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas-MADPP

En la plataforma reivindicativa de la III Asamblea estatal de la Coordinadora estatal de defensa de las pensiones públicas, COESPE, de la que nos reivindicamos, decíamos:

Rechazo de la Comisión del Pacto de Toledo. Las recomendaciones de esta Comisión no han sido útiles ni efectivas. El Gobierno de turno ha pasado por encima de ellas y ha servido para abrir las puertas a las pensiones privadas. Sus deliberaciones no son públicas, hay falta de transparencia, así que no se puede saber cuáles son las posiciones de cada grupo político. Además, el consenso obligatorio para alcanzar el pacto, con fuerzas políticas divergentes, que tienen ideologías opuestas ante el sector público y privado, no garantizan el cumplimiento constitucional en su artículo 50…”.

Y en el programa del nuevo gobierno, si embargo, se articula en torno al Pacto de Toledo, es decir, en torno al consenso y el acuerdo con los que están a las claras por la privatización e incluso la eliminación del sistema público, fortalecer el sistema público.

Es un gran dilema.

Por nuestra parte defendemos que teníamos razón cuando concluíamos en la necesidad del rechazo al Pacto de Toledo. Después de casi 25 años de funcionamiento los pensionistas deberíamos hacer un balance de su función.

El repaso de sus escritos son una crónica de incumplimientos de sus propuestas económicos y de sus reiterados silencios ante los saqueos reiterados que ha sufrido la seguridad Social en esa casi cuarto de siglo de existencia. Muchos de sus miembros, representantes de partidos, han sido especialistas en mirar para otro lado.

Veamos algunas de sus recomendaciones:

En la recomendación primera, sobre la financiación, se dice entre otras cosas:

“Separación y clarificación de las fuentes de financiación. La financiación de las prestaciones de naturaleza rontributiva dependerá básicamente de las cotizaciones sociales y la financiación de las prestaciones no contributivas y universales (sanidad y servicios sociales entre otras) exclusivamente de la imposición general. La Ponencia recomienda al Gobierno que se adopten las medidas necesarias para profundizar progresivamente en la dirección de la separación de las fuentes de financiación según la naturaleza de la protección, iniciada a partir de 1989, hasta su culminación efectiva en el menor plazo posible, quedando claramente delimitados, dentro del modelo de protección, el sistema contributivo y no contributivo. Las cotizaciones sociales deberán ser suficientes para la cobertura de las prestaciones contributivas, para lo cual, se efectuarán las previsiones necesarias para garantizar el equilibrio presente y futuro de esta parte del sistema de la Seguridad Social. Las aportaciones del presupuesto del Estado deberán ser suficientes para garantizar las prestaciones no contributivas, la sanidad, los servicios sociales y las prestaciones familiares. Asimismo, la fiscalidad general debe hacer frente a la bonificación en las cotizaciones de contratos dirigidos a grupos de especial dificultad en la búsqueda de empleo, así como a aquellas actuaciones que en materia de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos pudieran producir distorsiones en el normal equilibrio del sistema. En el caso de que el cumplimiento de estos objetivos requieran la adecuación del actual sistema fiscal, se incidirá en aquellas figuras impositivas de menor repercusión en la capacidad competitiva y generadora de empleo de la economía, sin excluir que se pueda contemplar la aplicación de una contribución universal sobre todas las rentas.”

Pues no ha sido así

Los “buenos” propósitos se articulan en torno a que el Presupuesto del Estado financiaría las prestaciones no contributivas (política de empleo, de reducción de cotizaciones a la patronal, la sanidad, los servicios sociales, los complementos a mínimos.) y así liberando a las cotizaciones de esas cargas aparecería el Presupuesto de la Seguridad Sociales luciendo con los superávits con los que constituir reservas. Y colorín colorado.

Pero al mismo tiempo que se proclama este acuerdo, se aplaza el cumplimiento de todas las políticas necesarias para llevarlo a cabo.

LAS APORTACIONES

Efectivamente se dice que el Presupuesto del Estado debe hacerse cargo de gastos que le corresponde pagar al ministerio responsable de la política social del gobierno de turno y no a las cotizaciones de la Seguridad Social:

“Las aportaciones del Presupuesto del Estado deberán ser suficientes para garantizar las prestaciones no contributivas, la sanidad, los servicios sociales y las prestaciones familiares. Asimismo, la fiscalidad general debe hacer frente a la bonificación en las cotizaciones de contratos dirigidos a grupos de especial dificultad en la búsqueda de empleo, así como a aquellas actuaciones que en materia de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos pudieran producir distorsiones en el normal equilibrio del sistema”.

Lo que ha pasado es que al mismo tiempo que se aprobaba lo anterior se aprobaba aplazar su aplicación. Y en el Presupuesto del Estado no se hizo cargo de esos gastos. De hecho, en la actualidad después de tanto lleva y trae sigue sin hacerse cargo de ellos. Eso sí, retóricamente continuamente se dice que esos gastos no son de la Seguridad Social y debe asumirlos, en un futuro que nunca llega, el Estado, no la Seguridad Social.

Son algunos los gastos que hace cerca de 25 años se recomendó, se acordó, que fueran financiados por el Presupuesto del Estado, y siguen siendo financiados con cotizaciones.

Y esos gastos no son minucias. Por ejemplo, en los complementos a mínimos se dijo muy claramente que serían financiados por el Presupuesto del Estado, pero sucesivos aplazamientos hizo que se estuvieran financiando con cotizaciones sociales hasta el año 2012. Durante dieciséis años después del Pacto de Toledo se estuvieron pagando complementos que debieron ser imputados a un gasto del Presupuesto del Estado.

Y efectivamente no se está hablando de minucias. Según datos del Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo, los complementos a mínimos de pensiones que fueron financiados que fueron financiados con cotizaciones sociales alcanzaron la cifra de 72.371,57 millones de euros desde 1990 a 2012. De los cuales 61.899,81 millones de euros fueron financiados por cotizaciones desde 1995 a 2012.

El único sentido de tanto aplazamiento en cumplir las recomendaciones era aprovechar al máximo el saqueo a los recursos de la Seguridad Social.

2. CONSTITUCION DE RESERVAS

Como una norma elemental de contabilidad se que cuando haya superávit se crean reservas para cuando haya déficit.

“El sistema contributivo debe presentar presupuestos equilibrados. El sistema de pensiones precisa de la constitución de reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos. Por ello, en su caso, los excedentes que pudieran existir en los ejercicios presupuestarios de los momentos de bonanza deberían ser utilizados para constituir, con títulos públicos adquiridos en mercados oficiales, fondos de equilibrio que permitan actuar en los momentos bajos del ciclo, sin acudir a incrementos de las cotizaciones”.

Hay que afirmar que a pesar de los saqueos sistemáticos el sistema aña tras año generaba superávit, pero se gastaban en pagar cosos que no eran de seguridad Social, eran gastos que debería haber soportado el ministerio de Hacienda con el Presupuesto del Estado, no la Seguridad Social.

Se acuerda crear la reserva en el Pacto de Toledo, pero no se aplica la norma hasta el año 2000, lo que se llamó la hucha de las pensiones. Y fruto de la solvencia de nuestro modelo de reparto en pocos años se llegó a la cifra de 66.000 millones de reserva.

Hay que recordar que a esta cantidad se le podía haber sumado los importes antes señalados de complementos a mínimos costeados por la seguridad social, y los miles de euros de las reducciones de cuotas que nunca fueron financiadas por el Presupuesto del Estado.

LAS BUENAS PALABRAS

“Las cotizaciones sociales deberán ser suficientes para la cobertura de las prestaciones contributivas, para lo cual, se efectuarán las previsiones necesarias para garantizar el equilibrio presente y futuro de esta parte del sistema de la Seguridad Social”.

Las buenas palabras del Pacto de Toledo prometiendo, para entretener y confundir, unos objetivos cuyas políticas concretas no se aplican en 25 años dan la razón a lo que decíamos todos en la COESPE el año pasado: . “Rechazo de la Comisión del Pacto de Toledo. Las recomendaciones de esta Comisión no han sido útiles ni efectivas”

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