La llegada del coronavirus ha puesto de manifiesto que uno de los colectivos más pobres y desfavorecidos, los pensionistas con 65 años que no tienen acceso a una pensión contributiva de jubilación por no tener quince años cotizados o dos en los últimos quince, así como aquellas personas menores de esa edad, que tienen reconocido un grado de incapacidad superior al 65 % y no superan los estrictos límites de ingresos de la unidad de convivencia, se encuentran con largas esperas en la tramitación de sus peticiones en muchas de las Comunidades Autónomas al tener estas transferidas las competencias de gestión y, por tanto, son responsables de aprobarlas o denegarlas, aunque luego las pague el estado a través de la Tesorería General de la Seguridad Social .
No podemos permitir que este colectivo de los más desfavorecidos quede fuera de los beneficios de las medidas excepcionales, cuando se trata además de un derecho legal que les proporciona una prestación de 395,6 € mensuales.
A 31 de enero según los datos del IMSERSO había 28.530 pensiones sin tramitar, de ellas 15.847 de jubilación y 12.683 de incapacidad, situándose Andalucía con 7.669 pensiones a la cabeza, seguida de Canarias con 6.432 y Cataluña con 4.283 sumando entre las tres más del 60 %.
Particularmente grave es la situación en las diez provincias con más retrasos en la tramitación de las PNC, superando en todas ellas el plazo legal de 90 días con Barcelona a la cabeza. En estas con más retraso y menos pensiones mensuales tramitadas, un pensionista que haya ejercido su derecho a solicitarlas antes de la declaración del estado de alarma y si se mantiene el ritmo de resolución de casos de este pasado mes de enero, puede tener que esperar el tiempo escandaloso de más de 2 años y medio. En Málaga se llegará a 32 meses según podemos ver en los siguientes gráficos.
Dado que las Comunidades Autónomas no cumplen el plazo máximo de resolución de 90 días contemplado en el decreto 286/2003 de 7 de marzo y en este contexto de medidas excepcionales que están permitiendo acceder al desempleo contributivo a autónomos y a los trabajadores incluidos en ERTES con independencia del tiempo de cotización autorizando a las empresas a tramitarlos con un procedimiento abreviado, el Gobierno ha de adoptar una norma similar que habilite a las comunidades autónomas para aprobar provisionalmente todas las pensiones solicitadas y pendientes de tramitación a la fecha de entrada en vigor del RDL 8/2020 de 17 de marzo de medidas extraordinarias.
Y es por lo que pedimos a este Gobierno que asuma y dicte una resolución de urgencia para que se aprueben provisionalmente dichas peticiones que van destinadas mayoritariamente a pensionistas con más de 65 años sin recursos y sin ingresos.
Sevilla a 23 marzo 2020
Jesús Galván, Benito Jiménez y José Gil, miembros de la Comisión Portavoces del MADPP
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