El Proyecto de Ley pretende mejorar la sanidad pública andaluza.
La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas (CAMB) y la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) entregado ayer un Proyecto de Ley que quiere convertir en iniciativa legislativa popular en el Parlamento de Andalucía.
Dicha iniciativa contiene una serie de propuestas legales para mejorar la situación de la sanidad pública andaluza: más participación y transparencia, frenar los procesos de privatización mediante las diferentes fórmulas utilizadas por el Gobierno Andaluz, la creación de un plan de choque de 19.000 millones de euros para recuperar y reforzar nuestros servicios sanitarios públicos etc…
Una vez aceptado el Proyecto de Ley por la mesa del Parlamento, se inicia un largo proceso, con una duración máxima de seis meses en los cuales es necesaria la participación de las Mareas Blancas de todos los municipios y barrios. Durante este tiempo es necesario recoger en toda Andalucía 40.000 firmas autenticadas, y será la propia Junta Electoral la que remitirá al Parlamento para su debate en Pleno.
Entre otras cosas, la Propuesta de Ley señala: «El Estatuto de Autonomía para Andalucía (2007), en su Artículo 22, garantiza el derecho previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a la protección de la salud mediante un Sistema Sanitario Público Andaluz de carácter universal y especifica los derechos de los pacientes y usuarios, entre los que se encuentra la garantía de un tiempo máximo para el acceso a los servicios y tratamientos.
Por otra parte, el artículo 55.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía asigna a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva sobre organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios.»
Por otra parte se dice también: «Desde el año 2019 el deterioro de la Sanidad Pública se ha hecho más intenso aún. El modelo de gestión que desde esa fecha se ha intensificado es el llamado de colaboración sanitaria público-privada, que, en la práctica, está resultando en un adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del privado. Es conocido que el deterioro de la Sanidad Pública es un requisito previo imprescindible para plantear la privatización de la misma. Sea o no sea ése el objetivo, ésta es la realidad actual.
Las decisiones privatizadoras se acumulan en este periodo. Se deroga el complemento de exclusividad que percibían aquellos profesionales médicos que trabajaban sólo en la Sanidad Pública, incluyendo los cargos sanitarios intermedios, a los que, además, se les elimina la incompatibilidad pública/privada. Se emplea de forma creciente la derivación de fondos de los presupuestos sanitarios andaluces para aumentar los conciertos con las clínicas privadas y, también, los pagos a otros agentes del sector privado, mediante la supresión de los sistemas de control del gasto (subasta de medicamentos, etc.). Así, se aumentan la desviación de pacientes a los centros con ánimo de lucro tanto para intervenciones quirúrgicas como para exploraciones complementarias diagnósticas. Se consideran a dichas clínicas como hospitales públicos de referencia, sin auditar de forma suficiente sus niveles de calidad. Y todo ello se hace sin que los recursos sanitarios públicos propios estén en su máximo rendimiento, con lo que se está incumpliendo la Ley General de Sanidad, que establece el uso en toda su potencia de los centros públicos, antes de acudir a otros medios (artículos 90.1 y 90,2).»
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