EXIGIMOS QUE EL GOBIERNO REALICE LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL A QUE SE COMPROMETIÓ EN 2021

En las últimas semanas y con ocasión de la revisión que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tenía que hacer de la sostenibilidad de las pensiones públicas, determinados sectores económicos han lanzado una campaña negando que estas fueran sostenibles.

La Unidad de Acción de los movimientos pensionistas del Estado Español quiere destacar que la AIReF ha concluido que el sistema de pensiones públicas es sostenible.

Pero insistimos además en pedir al Gobierno que realice la Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social a la que se comprometió en 2021. Ello demostraría que a la sostenibilidad de las pensiones dictaminada por la AIReF habría que añadir las cotizaciones de los pensionistas que se emplearon en años anteriores en gastos que no correspondían.

Ya en agosto de 2020, el Tribunal de Cuentas exigió resarcir a la SS por 103.690 millones de euros que le pertenecían y que se gastaron entre 1989 y 1998 solo en dos partidas, gasto sanitario y complementos a pensiones mínimas, que no deberían haberse pagado con las cotizaciones de los trabajadores. El Tribunal declaró que la deuda era mayor porque no sumó otras partidas.

Por su parte el Pacto de Toledo en sus recomendaciones de octubre de 2020 emplazó a acabar con el déficit de la Seguridad Social antes de que termine 2023 e insistió en “la necesidad de un ejercicio didáctico para explicar a la población que gran parte de este ‘agujero’ se debe a la asunción de determinados gastos ‘impropios’, que no deberían haber sido asumidos por las cotizaciones sociales”.

Y es que las cotizaciones de la generación del “baby boom” eran un maná de ingresos que todos los gobiernos utilizaron para “sus gastos”. A pesar de esos más de 103.690 millones de euros empleados en gastos que no correspondían, esta generación logró guardar un colchón de 68.500 millones en 2011, el llamado fondo de pensiones. Pues bien, Rajoy ya se lo había fundido en 2017, eliminando una Ley que para preservar el fondo para el futuro impedía gastar al año más del 3% del mismo. Una vez eliminada esa ley, Rajoy se lo gastó en todo lo que le vino en gana: bonificaciones y tarifas planas a empresarios para facilitar la contratación, formación de trabajadores y parados, eliminación de las cotizaciones de los desempleados, etc.

El relato que quieren imponer actualmente es que no hay dinero para pagar las pensiones de la generación del “baby boom” a la que se acusa de hacer insostenible el sistema público de pensiones. Pero la realidad es que esta generación fue expoliada de sus cotizaciones. Se oculta que esta misma generación cotizó los fondos suficientes para sufragar las pensiones que ahora disfrutan y que estos fondos les fueron arrebatados.

Los movimientos de pensionistas queremos que el Gobierno realice la auditoría a la que se comprometió y demuestre fehacientemente que fueron sustraídos de la Seguridad Social al menos 170.000 millones de euros cotizados por los trabajadores y trabajadoras en añEn las últimas semanas y con ocasión de la revisión que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tenía que hacer de la sostenibilidad de las pensiones públicas, determinados sectores económicos han lanzado una campaña negando que estas fueran sostenibles.

El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP) y la Unidad de Acción de los movimientos pensionistas del Estado Español queremos destacar que la AIReF ha concluido que el sistema de pensiones públicas es sostenible.

Pero insistimos además en pedir al Gobierno que realice la Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social a la que se comprometió mediante un Real Decreto Ley en 2021. Esta Auditoría demostraría que a la sostenibilidad de las pensiones dictaminada por la AIReF hay que añadir las cotizaciones de los pensionistas que se emplearon en años anteriores en gastos que no correspondían.

Ya en agosto de 2020, el Tribunal de Cuentas exigió resarcir a la SS por 103.690 millones de euros que le pertenecían y que se gastaron entre 1989 y 1998 solo en dos partidas, gasto sanitario y complementos a pensiones mínimas, que no deberían haberse pagado con las cotizaciones de los trabajadores. El Tribunal declaró que la deuda era mayor porque no sumaron otras partidas.

Por su parte el Pacto de Toledo en sus recomendaciones de octubre de 2020 emplazó a acabar con el déficit de la Seguridad Social antes de que termine 2023 e insistió en “la necesidad de un ejercicio didáctico para explicar a la población que gran parte de este ‘agujero’ se debe a la asunción de determinados gastos ‘impropios’, que no deberían haber sido asumidos por las cotizaciones sociales”.

Y es que las cotizaciones de la generación del “baby boom” eran un maná de ingresos que todos los gobiernos utilizaron para “sus gastos”. A pesar de esos más de 103.690 millones de euros empleados en gastos que no correspondían, esta generación logró guardar un colchón de 68.500 millones en 2011, el llamado fondo de pensiones. Pues bien, Rajoy ya se lo había fundido en 2017, eliminando una Ley que para preservar el fondo para el futuro impedía gastar al año más del 3% del mismo. Una vez eliminada esa ley, Rajoy se lo gastó en todo lo que le vino en gana: bonificaciones y tarifas planas a empresarios para facilitar la contratación, formación de trabajadores y parados, eliminación de las cotizaciones de los desempleados, etc.

El relato que quieren imponer actualmente es que no hay dinero para pagar las pensiones de la generación del “baby boom” a la que se acusa de hacer insostenible el sistema público de pensiones. Pero la realidad es que esta generación fue expoliada de sus cotizaciones. Se oculta que esta misma generación cotizó los fondos suficientes para sufragar las pensiones que ahora disfrutan y que estos fondos les fueron arrebatados.

Los movimientos de pensionistas queremos que el Gobierno realice la auditoría a la que se comprometió y demuestre fehacientemente que fueron sustraídos de la Seguridad Social al menos 170.000 millones de euros cotizados por los trabajadores y trabajadoras en años anteriores. Estos millones engrosarían hoy los fondos de la Seguridad Social.os anteriores. Estos millones engrosarían hoy los fondos de la Seguridad Social.

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