El primero de mayo, vamos a rememorar las luchas del movimiento obrero a lo largo
de los años, para exigir mejoras en las condiciones de vida de la clase trabajadora y las
clases populares, con el objetivo de construir un Estado del bienestar que garantice una
protección social y unos servicios públicos que permitan una vida con dignidad y derechos.
Los derechos de los trabajadores no han sido una concesión de los capitalistas o de
los diferentes gobiernos que a lo largo de la historia han dirigido los designios de los países.
Han sido fruto de una secuencia de conquistas, a base de luchas y movilizaciones,
que han dado como resultado, las condiciones de trabajo y los sistemas de protección social
en las que actualmente se desarrolla la vida de las trabajadoras y trabajadores.
A finales del siglo diecinueve, con el acelerado desarrollo industrial en España y la
creciente mecanización, se producía un importante aumento de los accidentes de trabajo que
dejaban en total desamparo a los trabajadores y sus familias. Se comienzan a hacer cajas de
solidaridad entre trabajadores de empresas y gremios, a la vez que se originan
movilizaciones con la exigencia de paliar estas precarias situaciones de los trabajadores.
Esto cristaliza en el año 1900, con la promulgación de la Ley de Accidentes de
Trabajo. Posteriormente en 1908, aparece el Instituto Nacional de previsión (INP), con
aportaciones de las empresas y del Estado, que integra a las cajas que gestionan los seguros
sociales que habían ido surgiendo.
En los años posteriores a la primera guerra mundial, la patronal y las clases
adineradas acumularon un ingente beneficio gracias a la neutralidad española, que no se
trasladaba a las condiciones de vida de la clase obrera. Originando un periodo de
conflictividad laboral amplio, desde 1917 al golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923.
Un acontecimiento muy importante en este periodo, que desencadenó la conquista de
mejores condiciones laborales y protección social, fue la denominada “Huelga de la
Canadiense”; que comenzó en 1919 con una huelga de esta empresa eléctrica de Barcelona;
a la que la patronal respondió con despidos de trabajadores. En lugar de sofocar el conflicto,
lo extendió, originando una huelga general solidaria de más empresas y mas sectores, que
paralizaron Barcelona durante 44 días.
La represión fue brutal, pero ante la posibilidad de que la huelga se extendiese a todo
el país, se alcanzó un acuerdo general que afectaba a todos los trabajadores, fue aprobado y
firmado por el Rey Alfonso XIII en abril de 1919, el Decreto de la jornada de ocho horas.
Convirtiendo a España en el primer país europeo en regular la jornada de ocho horas.
Posteriormente se regularon otros mecanismos de protección social, como el Seguro
de Retiro Obrero, también en 1919, que regulaba el inicio de alguna protección para la vejez
o jubilación, y el Seguro Obligatorio de Maternidad en 1923.
Después de la Dictadura de Primo de Rivera, en 1931, con la primera República, se
implanta el seguro de Paro Forzoso, para cubrir las situaciones de desempleo, se convierte
en obligatorio el Seguro de Retiro Obrero y se regula por primera vez el concepto de
vacaciones pagadas, con un permiso pagado de siete días.
Este periodo de avances, se interrumpe con el Golpe de Estado de Franco y la Guerra
Civil y la posterior dictadura, que abre un periodo muy amplio, entre 1939 y 1965 de
estancamiento y retrocesos, llevando a España a uno de de los niveles más bajos de Europa
en protección social.
Hay que esperar hasta mediados de los años sesenta, para que, con las movilizaciones
y organización clandestina de los trabajadores, porque estaban prohibidos los sindicatos;
unido a un cierto aperturismo del Régimen tardofranquista, se comiencen a conseguir
mejoras en condiciones laborales y en los sistemas de protección social.
Se promulga en 1963 la Ley de Bases de la Seguridad Social, que cristaliza en 1966
en la Ley General de la Seguridad Social, con la creación de un sistema unitario de
protección social que recoge todas las contingencias de la vida de los trabajadores,
desempleo, accidentes, enfermedad y la jubilación o vejez con una base financiera de
reparto, con gestión pública, participación financiera y gestión del Estado.
Como vemos, la situación actual ha sido consecuencia de mejoras conseguidas con
luchas y movilizaciones, periodos de estancamiento y también retrocesos.
En este primero de mayo de 2024, debemos celebrar las conquistas, consolidar la
situación actual y continuar con los objetivos de mejora, especialmente para los sectores
más desfavorecidos entre los trabajadores y pensionistas.
Por estos motivos desde el Movimiento Pensionista, como trabajadores que fuimos y
jubilados actuales, queremos alertar de un gran peligro que se cierne sobre el Sistema
Público de Pensiones; tras la aprobación por el Gobierno en junio de 2022 de la Ley de
fomento de los Planes de Pensiones de Empleo o Empresa, que ha entrado en vigor en 2024.
Esta Ley pretende, fomentar desde el Estado la constitución en las empresas o
sectores de producción de estos Planes de Pensiones, mediante el acuerdo en la negociación
colectiva, con el argumento de que serán un complemento a la pensión pública.
Sin embargo, la forma en que se aplican consiste en que, una parte de la subida
salarial que deberían tener los trabajadores se destina a ese Plan, que a pesar de ser de
impulso y fomento público, lo gestiona una entidad financiera privada. La cantidad
destinada al Plan, no se consolida en el salario y no cuenta para el cálculo de subidas
salariales posteriores y tampoco pasa a formar parte de la base de cotización del trabajador.
Con lo cual, cuando se jubile, su pensión pública será inferior a la que tendría si esa
cantidad se cotizara al Sistema Público de Pensiones.
Por otra parte, las empresas, se benefician al no consolidar esas cantidades en los
salarios de los trabajadores, se ahorran de cotizarlas a la Seguridad Social y se pueden
descontar el 10% del Impuesto de Sociedades.
Las entidades financieras y los altos directivos que gestionen estos Planes, obtendrán
un importante beneficio procedente de las comisiones de gestión y de la transferencia de una
parte de las cotizaciones de los trabajadores, que antes estaba gestionada por el Estado y
ahora pasa a formar parte de su negocio.
El Estado, será el otro perdedor junto a los trabajadores, ya que, dejará de ingresar
impuestos a través del Impuesto de Sociedades, del IRPF y la Seguridad Social ve debilitada
su sostenibilidad por no ingresar esas cotizaciones sociales.
En el Sistema Público de Pensiones no existe el riesgo individual, garantiza una
pensión predeterminada, acogida a unas normas legales y garantizada por el Estado;
mediante un sistema de reparto, que asegura la equidad según lo aportado, la solidaridad y
actúa como mecanismo de cohesión social comunitaria, que no excluye a nadie.
En cambio, los Planes Privados de Pensiones, aunque se denominen de Empleo o
Empresa; tienen un carácter individual y de capitalización de las cantidades aportadas, en
las que lo único fijo son las aportaciones que se realizan en nombre del trabajador, pero no
se garantiza una cantidad de prestación a la hora de la jubilación. Pueden variar en función
de las buenas o malas inversiones que realicen las entidades financieras gestoras del fondo,
e incluso perderse, como ha pasado con algunos fondos en algunos países, ya que , no están
garantizadas por el Estado.
Por tanto, en este primero de mayo, pensionistas y trabajadores actuales, debemos
exigir al Gobierno que derogue la Ley de Fomento de los Planes de Pensiones de Empleo o
Empresa, que pretenden caminar hacia un sistema de pensiones mixto, con una pensión
pública más debilitada o de subsistencia, complementada con una pensión privada de
empresa que en ningún caso sumadas llegarían a las cuantías de las pensiones públicas
actuales; y menos en los casos de los trabajadores más desfavorecidos, con empresas más
pequeñas y menos potentes o con los salarios más bajos.
También, extender la exigencia a las Centrales Sindicales, para que no avancen en la
negociación e implantación de estos Planes de Pensiones de Empleo, acordándolos en los
Convenios Colectivos, como ya han hecho con la firma del VII Convenio Colectivo Estatal
de la Construcción. Que debilitarán el Sistema Público de Pensiones y ocasionarán unas
pensiones públicas más bajas y menos garantizadas para los trabajadores actuales.
¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO¡
¡VIVA LA CLASE OBRERA!
¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN!
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