El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas denuncia públicamente las ilegítimas contrataciones de la Junta de Andalucía y pide que sean denunciadas ante el Tribunal Constitucional por quienes tienen capacidad para ellos.
El PP, Ciudadanos y Vox, aprovechando la emergencia del Covid-19, aprobaron recientemente un decreto que les sirvió para “colar” unas modificaciones legales que permiten graves especulaciones urbanísticas y eludir los principios básicos de contratación en la función pública.
Es absolutamente ilegítimo que se realice una convocatoria con un plazo de 24 horas y cuyo criterio de selección es la celeridad en la presentación de la solicitud, sin respetar los principios establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público que regula la selección del personal al servicio de las Administraciones públicas de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
La convocatoria de unas contrataciones en contra de lo establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público que tiene carácter de legislación básica, según se recoge en el artículo 149 de la Constitución Española.
La desaparición de la convocatoria del portal de empleo público de la Junta de Andalucía al día siguiente de su publicación.
La utilización de la excusa de la pandemia para convocar plazas de ingenieros, arquitectos, informáticos y otras profesiones y ninguna que tenga que ver con la salud.
Son datos que hacen muy difícil evitar la sospecha de que la convocatoria se ha realizado para contratar a personas previamente avisadas del entorno de estos partidos, y crear una administración paralela que favorezca determinados intereses inmobiliarios y partidistas.
Por si no fuera suficiente su ilegitimidad, esta convocatoria también es discriminatoria. Impide en contra de la constitución que se contrate a personas mayores de sesenta años o que tengan determinadas enfermedades como la hipertensión, y en un nuevo guiño a Vox, discrimina a las mujeres que estén embarazadas o en periodo de lactancia.
Por todo ello el MADPP denuncia por totalmente ilegítimas las contrataciones de la Junta de Andalucía y pide que sean denunciadas al Tribunal Constitucional
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