En los últimos años, la sanidad pública en Andalucía ha mostrado signos evidentes de deterioro. Este declive ha tenido un impacto particularmente significativo en las personas mayores de 65 años y pensionistas, quienes dependen en gran medida de los servicios de salud pública para sus necesidades médicas y de bienestar.
El envejecimiento de la población andaluza ha llevado a un aumento en la demanda de atención sanitaria. Sin embargo, los recursos disponibles no han crecido al mismo ritmo. Las listas de espera para consultas con especialistas y procedimientos médicos se han alargado, lo que inevitablemente afecta la calidad de vida y la salud de las personas mayores.
Además, la reducción de personal sanitario ha resultado una carga de trabajo insostenible para los mismos, lo que se traduce en una atención menos personalizada y consecuentemente menos eficiente. Las personas mayores y pensionistas, que a menudo necesitan una atención más detallada y continuada, se ven particularmente afectadas por esta situación. La falta de seguimiento adecuado lleva a una gestión ineficaz de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y la artritis, que son prevalentes en este grupo de edad.
El acceso a los servicios sanitarios públicos es hoy una barrera que para muchas personas les resultan infranqueable, que expulsa a parte de la ciudadanía a la asistencia sanitaria privada, a través de contrataciones de pólizas de salud, con unos servicios sanitarios muy limitados y adaptado al importe de la prima que se paga mensual o anualmente, que ponen en el centro la rentabilidad de éstas empresas y no la salud de las personas, y que, en función de la gravedad de su padecimiento, pueden también pueden ser expulsados.
Muchas personas mayores enfrentan dificultades para desplazarse a centros de salud lejanos, y la disminución de servicios de atención domiciliaria agrava esta situación. Aquellas que viven en áreas rurales, en particular, se encuentran en una situación de vulnerabilidad añadida.
En resumen, el deterioro de la sanidad pública en Andalucía está teniendo un efecto profundo y adverso en toda la ciudadanía y especialmente en las personas mayores de 65 años y pensionistas, dificultando su acceso a la atención médica (especialmente a la Atención Primaria y especialidad en geriatría), la calidad de los servicios recibidos y, en última instancia, su salud y bienestar general.
Sin olvidar los recortes y las diferentes formas de privatización en el sistema sanitario público desde los años de la crisis financiera, en los que han participado los diferentes gobiernos, el Gobierno de la Junta de Andalucía en los últimos años y las políticas aplicadas en la gestión de la sanidad pública, nos ha conducido a una situación sin precedentes, dirigiendo su desmantelamiento y propiciando el trasvase de fondos públicos a la financiación y el fortalecimiento de la sanidad privada.
Sin ir más lejos, en el proyecto de presupuestos para 2025 de la Junta de Andalucía, en el desglose de presupuestos del Servicio Andaluz de Salud, prevé atender a 223.298 pacientes en hospitales concertados, 602.211 sesiones de hemodiálisis concertadas, 120.000 intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados, 200.000 sesiones de rehabilitación en hospitales concertados y 650.000 estudios diagnósticos en hospitales concertado. Seguramente, como viene siendo habitual cada año, estas cifras crecerán.
Como así está ocurriendo en otros estados, esta estrategia neoliberal y ultraliberal tiene el propósito de desmantelar todo lo público para ponerlos en manos privadas. En el caso de la sanidad, las personas pensionistas lo vamos a tener muy complicado, principalmente porque la mayoría somos muy vulnerables y tenemos una salud resentida por la edad y los años de trabajo, lo que nos saca fuera de los parámetros comerciales de contratación de cualquier seguro de salud si no somos capaces de frenar esta dinámica.
Ante esta situación, el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP), toma como suyas las reivindicaciones y principios reivindicativas de la Marea Blanca y las plataformas y movimientos sociales por la defensa de la sanidad pública, apoyando sin fisuras la Iniciativa Legislativa Popular, que ha sido aceptada recientemente por la Mesa del Parlamento de Andalucía, apoyando y colaborando con sus medios humanos y materiales la recogida de las firmas necesarias, para hacer posible que la grave situación de la Sanidad Pública andaluza, sea debatida por el órgano de máxima representación política en nuestra Comunidad Autónoma que es el Parlamento.
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