J. Gallego, Plataforma pensionista de la Algaba
En estos días, se ha desarrollado entre los pensionistas un debate sobre las distintas propuestas que el gobierno de coalición parece estar manejando ante la situación de grave precariedad que está originando esta pandemia.
Debate, no clarificado al confundir las dos propuestas que tiene encima de la mesa el Gobierno. Una, la Renta Social Extraordinaria que es una ayuda transitoria mientras dura el Coronavirus, y otra, el Ingreso Mínimo vital que tiene la pretensión de renta permanente.
Aclarar también, que, como norma general, mi posición es que todas las rentas que se faciliten debieran ser consecuencia de las rentas por el trabajo y nunca desde la caridad de las administraciones.
Es evidente la necesidad de una renta de urgencia, una prestación que, se llame como se llame, con cargo a los Presupuestos del Estado, cubra las necesidades de todos aquellos a los que la crisis ha dejado en el paro y sin posibilidades siquiera de buscar empleo. Son millones de personas las que vivían en la economía sumergida, trabajo doméstico sin contrato, venta ambulante, trabajadores temporales, parados sin prestación… y se han quedado sin ningún ingreso.
El 9 de abril, el Gobierno anunciaba un Ingreso Mínimo Puente. Ese mismo día, un comunicado de UGT valoraba la iniciativa como respuesta a la demanda de UGT y de CC OO «que cubra las necesidades de todas las personas que se han quedado fuera de la protección por las medidas adoptadas por el Ejecutivo […]. Se trata de una medida extraordinaria, coyuntural y transitoria que dé respuesta inmediata a los colectivos de personas que no tienen ingresos». ¿Apunta a eso la medida que el Gobierno estudia? Mucho me temo que no.
En una entrevista a El País publicada el 13 de abril, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, decía del ingreso mínimo vital: «va a ser estructural, permanente […]. Será algo novedoso que la Seguridad Social no ha ofrecido hasta ahora. […]. Una característica importante es que debería ser compatible con una incorporación más plena al mercado de trabajo».
Vayamos al informe Los programas de rentas mínimas en España, que Escrivá, entonces presidente de la AIReF, hizo público en junio de 2019 sobre la ILP por una prestación de ingresos mínimos, presentada por UGT y CC OO, en el que hacía algunas «propuestas para mejorarla», tales como implantar una ayuda que se centre en la «pobreza severa» y no en el desempleo de larga duración, como planteaban los sindicatos. Sugería además «desvincular la prestación de la situación laboral del beneficiario y hacerla compatible con el empleo».
¿Qué significa una ayuda a un pobre que tiene un trabajo? Legalizar los salarios de miseria que necesitan ser complementados con una ayuda para poder sobrevivir en la pobreza. Es el caso de Alemania, donde el «subsidio de paro II» reconoce unos ingresos que permiten sobrevivir a duras penas y 7 millones de trabajadores alemanes recurren a «miniempleos», con salarios de 230 euros de media.
Si esta ayuda corre a cargo de la Seguridad Social, se va a destruir la Seguridad Social. Una renta básica mínima permanente que fomente el subempleo y ataque a la Seguridad Social no es lo que necesitamos. Hace falta un subsidio de desempleo indefinido combinado con políticas para la creación de empleo en los servicios públicos, con planes de obras públicas.
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