La Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones recoge en su disposición
adicional sexta, que, el Gobierno debía realizar en el plazo de seis meses una Auditoría a los gastos
de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social en el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019.
Los Movimientos de Pensionistas venimos exigiendo desde el año 2022, que se cumpla este
precepto de la Ley. Sin embargo, es evidente que esta disposición de obligado cumplimiento, no se
ha realizado ni impulsado a día de hoy, por el Gobierno y las fuerzas políticas que la aprobaron.
Por parte de las organizaciones de pensionistas coordinadas en la Unidad de Acción estatal,
se ha decidido realizar una campaña de acciones y movilizaciones para exigir que se cumpla de una
vez la realización de la Auditoria a las cuentas de la Seguridad Social. En Andalucía, la
Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COANPE) y el
Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP), se han reunido el 3 de abril y
han acordado trabajar conjuntamente en esta campaña.
La primera fase consistirá en la presentación de mociones en ayuntamientos y recogida de
firmas. En una fase posterior se revisará lo realizado y se dará continuidad, sumando mociones en
Diputaciones Provinciales, iniciativas en el Parlamento Andaluz, junto con movilizaciones.
Ambas coordinadoras de pensionistas, consideran de vital importancia que se lleve a cabo la
Auditoría, que pondrá de manifiesto las cantidades que durante años, los diferentes gobiernos en
España han detraído de la caja de la Seguridad Social, para destinarlos a otros gastos de carácter
asistencial o no contributivo, que deberían ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado,
incumpliendo el destino de protección de los trabajadores y trabajadoras y de la Seguridad Social al
que se deben dedicar las cotizaciones.
Este desvío de fondos se comenzó a poner de manifiesto con el informe del Tribunal de
Cuentas que declaró, que, “El Estado usó las cotizaciones sociales para pagar lo que podemos
llamar Gastos Impropios”., cifrando en más de 103.690 millones de euros los gastos asumidos entre
1989 y 2018 por la Seguridad Social en partidas no contributivas, que, por tanto, debían haber sido
financiados por la Administración General del Estado. Hay estudios que cifran este desvío entorno a
600.000 millones y otro de Economistas Frente a la Crisis que lo cifra en 8000.000 millones (sin
incluir el uso del patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social).
Es necesario que se cumpla de una vez con este precepto legal, para arrojar luz y certidumbre
sobre la sostenibilidad de nuestro Sistema Público de Pensiones de reparto, desmintiendo la
campaña interesada orquestada por poderes financieros, medios de comunicación y grupos políticos
del arco parlamentario, con la intención de fomentar Planes Privados de Pensiones y privatizar en
todo o en parte el Sistema Público de Pensiones.
Como primera medida exigimos que los 103.000 millones cuantificados por el Tribunal de
Cuentas se reviertan a la Seguridad Social, para destinarlos al aumento de las pensiones mínimas y a
reducir la brecha de género en las pensiones.
Andalucía 12 de abril de 2025
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