Desde el Movimiento Andaluz por la Defensa de las Pensiones Públicas, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con las familiares de las personas fallecidas y con toda la ciudadanía que se ha visto afectada por la DANA, en varias comunidades autónomas y especialmente en la provincia de Valencia.
Queremos transmitir un recuerdo especial a las personas que han fallecido en residencias de personas mayores y el personal fallecido mientras intentaban evacuarlas a un lugar seguro. Así como a todas las personas mayores que han quedado atrapadas en sus domicilios, sin poder salir durante bastante tiempo por sus condicionamientos físicos, hasta que han podido ser atendidas.
Ha sido un fenómeno meteorológico extremo; pero que, por sí sólo no justifica la enorme magnitud en pérdida de vidas humanas y daños materiales que se han producido, si no se hubiesen dado un conjunto de actuaciones negligentes previas, en cuanto a prevención y tratamiento del medio ambiente, y de inacción e ineficacia en la reacción cuando el desastre se estaba produciendo.
Hay que remontarse varios años atrás, en los que se decide construir viviendas en zonas inundables, en las cuales habitan actualmente en torno a medio millón de personas. La planificación para los cauces de ríos y barrancos no fue la adecuada, como se ha visto con los acontecimientos recientes. Hay obras previstas desde el año 2007, en los cauces y cuencas que se han vista afectadas y que no se han realizado. La supresión temeraria de la Unidad Valenciana de emergencias por el actual gobierno de la Generalitat Valenciana, impidió una coordinación y atención a su debido tiempo de la gestión de la DANA.
El día del desastre no se activaron las medidas de protección, o cuando se activaron ya había multitud de personas fallecidas o desaparecidas (según los últimos datos más de 200 fallecidas y sobre 78 desaparecidas) y unos daños materiales importantes en viviendas, edificios e infraestructuras de todo tipo. Sorprende que empresas o entidades dependientes de la Generalitat cerraron sus centros de trabajo, mientras que no se alertaba a la población. Igualmente es denunciable la aptitud de una parte del empresariado que no suspendió la jornada laboral, manteniendo los centros de trabajo abiertos e incluso algunas, amenazando con despidos a sus trabajadores si se ausentaban del puesto de trabajo.
Las actuaciones para cubrir las necesidades de las miles de personas afectadas, han sido tardías en su implantación y con graves problemas de coordinación. Inicialmente las administraciones parecían más interesadas en justificar sus decisiones que en atender con la rapidez que la tragedia demandaba. Incluso en días posteriores por parte de la Generalitat se pedía que no fueran los voluntarios a las zonas desbastadas, demostrando una incapacidad para gestionar la situación.
Frente a ese cúmulo de errores y tanta tragedia, hay que destacar la marea de solidaridad que se ha producido por parte de quienes residen cerca de las zonas afectadas y del resto del país. En las televisiones se ha podido ver esa riada de personas a pie (la mayoría jóvenes), para ir a colaborar con las tareas de limpieza. El apoyo mutuo y la autoorganización ha suplido carencias que debían haber cubierto con mayor rapidez las Administraciones Públicas.
Esta tragedia ha sido ocasionada por la concurrencia de acciones u omisiones tomadas desde las Administraciones y la patronal. En el fondo de algunas de esas decisiones está el negacionismo climático; el progresivo recorte y desmantelamiento de lo público, que una parte importante del arco parlamentario de palabra o hecho está avalando. Ocasionando que ante emergencias climáticas como esta, la sociedad esté peor preparada para afrontarlas.
Cuando vuelva la normalidad, será el momento de pedir responsabilidades políticas e incluso penales a quienes con sus acciones u omisiones han causado la pérdida de vidas.
Reiteramos nuestro dolor y apoyo a las personas fallecidas y sus familiares, nuestra mayor solidaridad con todas las personas afectadas por esta tragedia y una vez más, reivindicamos el valor de lo público, que debe anteponer la vida de las personas a los intereses económicos.
Andalucía 8 de noviembre de 2024
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