El mismo día que el Congreso aprobaba la Ley Celaa de Educación, aprobaba también las Recomendaciones emitidas recientemente por el Pacto de Toledo. El Gobierno ha aprovechado el debate sobre la Ley de Educación para “colar” también la aprobación de estas recomendaciones sin dar tiempo a los diferentes grupos parlamentarios a defender las enmiendas presentadas y sin que el gran público haya tenido ocasión de conocerlas en detalle. La imposibilidad de que los movimientos de pensionistas pudieran manifestarse por causa del covid ha propiciado también esta maniobra. El silencio que han guardado sobre este hecho los grandes medios de comunicación tan dados a criticar cualquier avance progresista, constituye una prueba más de que lo aprobado no es positivo para los y las pensionistas actuales o futuros.
Desde el Gobierno se nos ha querido vender estas resoluciones como un avance resaltando los aspectos positivos como la reafirmación del carácter retributivo de las prestaciones básicas de jubilación, viudedad y orfandad; el reconocimiento de la deuda que tiene el Estado con la Seguridad Social por los gastos impropios que esta ha soportado sin corresponderle, y la referencia de la subida de las pensiones al IPC.
Pero esos aspectos positivos con frecuencia son meras declaraciones sin resultado práctico. Así, al reconocimiento de los gastos impropios que ha tenido la Seguridad Social no le acompaña la resolución de devolver la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social. Y la subida de las pensiones de acuerdo al IPC no se concreta lo suficiente, quedando pendiente de un posterior acuerdo y pudiendo referirse a periodos diferente al IPC anual.
Por el contrario no anula las reformas de las pensiones realizadas en 2011 y 2013 que garantizan que las pensiones futuras sean progresivamente menos cuantiosas, al exigir más años para calcular el monto de la pensión a cobrar y requerir cada vez más años cotizados para poder cobrar el cien por cien de ese monto.
Tampoco contempla ninguna vía para devolver los más de quinientos mil millones de euros que el Estado extrajo del sobrante de las cotizaciones de los trabajadores desde los años ochenta del pasado siglo, como consecuencia de que eran muy superiores a las pensiones pagadas. Además de no contemplar la devolución de ese monto, abre la vía a que se disuelva el importante patrimonio de la Seguridad Social constituido por hospitales, edificios y otros bienes inmuebles, traspasándolo a las Comunidades Autónomas.
Y para completar la jugada asegura la instauración de las pensiones privadas de manera casi obligatoria, disfrazándolas de planes de pensiones de empresas, que recibirán desgravaciones y todo tipo de apoyos legales.
El MADPP rechaza la aprobación en el Parlamento el pasado 19 de noviembre sin tiempo para debatir y sin conocimiento del público de unas Recomendaciones del Pacto de Toledo que, entre otros muchos aspectos negativos, mantienen la edad de jubilación en los 67 años, de las más altas de Europa, permiten que sigan existiendo pensiones de miseria, no anulan las dañinas reformas anteriores, no compensan la deuda del Estado con la Seguridad Social y aseguran en el futuro pensiones públicas cada vez más bajas que serán complementadas por pensiones privadas para quienes hayan podido acumularlas.
¡¡¡¡¡¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN¡¡¡¡Visitas: 319